Promulgada la ley de contratación por Cabildos Indígenas

En el día de ayer, el senador Santiago Valencia acompañó al presidente Iván Duque en la sanción, expedición y divulgación de la Ley de Cabildos Indígenas, una ley que surge como fruto del trabajo entre el Ministerio del Interior y la Mesa de concertación técnica con los pueblos indígenas y organizaciones indígenas. Igualmente, se estableció como un compromiso en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

El objetivo de la Ley es conceder capacidad jurídica a los cabildos indígenas para poder contratar directamente con las entidades del Estado, tanto en lo contemplado en la Ley 80 de 1993, como en la Ley 1150 de 2007. Las comunidades indígenas hasta hoy se han visto gravemente afectadas pues las entidades del Estado han expresado que no existen alternativas jurídicas que permitan la celebración de contratos o convenios con cabildos.

Tampoco existía hasta el día de hoy ninguna causal de contratación directa con los cabildos que habilita eficazmente el desarrollo de programas o inversión de recursos en beneficio de las comunidades indígenas como sujetos de especial protección. En mi labor como Ponente Único en Senado, convoqué la celebración de una Audiencia Pública en donde tras recibir una serie de proposiciones y de escuchar a representantes de las comunidades Afro, Palenqueras y raizales, se consideró necesario aplicar la propuesta igualmente, a los consejos comunitarios de las comunidades negras; siempre y cuando hayan sido reconocidas jurídicamente por las autoridades competentes.

 

Es pertinente resaltar que el Gobierno nacional al interior del Congreso ayudó impulsando la iniciativa y el Mensaje de Urgencia del Presidente Iván Duque fue trascendental para que la iniciativa pudiera lograr el éxito que obtuvo. En conclusión, la ley no solo permite contratar con las entidades a los cabildos indígenas, sino que además permite la modalidad de contratación directa, eso sí, teniendo en cuenta los principios de transparencia, responsabilidad, selección objetiva, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, eficacia y eficiencia. Y que la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Rama judicial, en el marco de sus competencias constitucionales y legales ejercerán el control judicial, disciplinario y fiscal, según corresponda sobre los recursos públicos que se ejecuten a través de estos contratos.

#ApasionadosXColombia

 

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